El Gobierno creará un censo de afectados por el robo de niños

El Gobierno va a crear un gran censo de afectados por el robo de niños, con el fin de cruzar los datos de los padres que buscan a sus hijos y los hijos que buscan a sus padres biológicos o hermanos y que se puedan facilitar más reencuentros. Esa base de datos incluirá el nombre, la fecha de nacimiento y el centro sanitario donde hubiese nacido el bebé. Es uno de los compromisos alcanzado esta mañana durante la reunión que han mantenido los ministros de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón,Sanidad, Ana Mato, e Interior, Jorge Fernández Díaz, y el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, con 10 representantes de asociaciones de víctimas.

Además, el Instituto Nacional de Toxicología fijará unos criterios para poder homologar y admitir en su base de datos los análisis de ADN que se han hecho por su cuenta los afectados en laboratorios privados. Son cerca de 1.500. Esta era una de las reivindicaciones más antiguas de las víctimas, ya que, hasta ahora, dicho Instituto solo hacía pruebas de ADN gratuitas a un afectado cuando lo ordenaba un juez o el fiscal.

El Ministerio de Justicia también va a instar al Gobierno a introducir en la propuesta de reglamento del Parlamento Europeo algún tipo de enmienda que facilite el acceso a los datos sanitarios cuando el objetivo sea determinar la filiación natural. En la actualidad, las víctimas se encuentran con grandes dificultades para acceder a este tipo de archivos por la ley de protección de datos. "El derecho a conocer la propia identidad está en la Constitución", ha declarado Gallardón, quien augura, "un recorrido largo y complejo" para los afectados. "No existen las fórmulas mágicas para resolver un problema tan complicado, pero el Gobierno no va a desfallecer para ayudarles a llegar hasta donde se pueda llegar".

El departamento que dirige Ruiz-Gallardón también se ha comprometido a tomar medidas para facilitar la obtención de datos del Registro Civil, como nacimiento y supuestos fallecimientos de recién nacidos, anotados en los últimos 50 años. Asimismo, ante la imposibilidad de crear oficinas especializadas de atención a las víctimas, se va a impulsar dicha atención en las ya existentes y que dependen del Estado y de las comunidades autónomas.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha asegurado que el asunto tendrá "atención prioritaria" de las fiscalías, que pronto recibirán, ha añadido, una circular para "unificar criterios" y conseguir "una implicación directa". La Fiscalía del Estado ha nombrado además una coordinadora, Marìa de la Hoz Silva, para coordinar el trabajo de todas las fiscalías provinciales.